El arancel establecido es de 10%, pero las compañías “podrán importar con un arancel del 0% si presentan un plan de producción local que contemple una integración creciente de partes y piezas nacionales”, informó el Ministerio de Producción.
La medida apunta a “potenciar la innovación y las nuevas tecnologías de motorización en el transporte público“, además de incentivar la producción local”, aseguraron .
Para poder importar buses eléctricos sin arancel, las empresas se comprometen a iniciar su producción en un plazo menor a dos años, respecto de la primera compra realizada en el exterior y por un volumen al menos equivalente al promedio de unidades importadas por año.
La integración de partes locales deberá ser de un mínimo del 10% durante los primeros dos años y subir al menos hasta 25% a partir del tercer año de producción del vehículo en el país.
La autorización para importar ómnibus eléctricos se extendió -con un arancel del 2%- a una cantidad de 2.500 cargadores de acumuladores de buses y vehículos automotores de 50 Kw/h (kilovatios/hora) de potencia o más, que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna, susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica o a batería.
Se espera que esta decisión ayude desde un punto ecológico y económico a una industria que debe reformularse y modernizarse. El transporte sustentable conlleva beneficios económicos, sociales y ambientales. Según un informe de ONU Ambiente y FIA (Federación Internacional del Automóvil), reemplazar la actual flota de buses y taxis en Buenos Aires por vehículos eléctricos evitaría 6.300 muertes anuales asociadas a la contaminación del aire, $ 10.500 millones en combustibles y la emisión de 65.8 Tn de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Uno de los interrogantes que abre esta medida es dónde se cargarán los buses eléctricos, y si serán las compañías eléctricas o las firmas petroleras quienes proveerán este servicio.